Idaho penaliza el uso de los baños por parte de personas transgénero — un juez suspende la ley de inmediato

Este verano, el estado estadounidense de Idaho fue más allá que cualquier otro estado en la lucha por los baños sin distinción de sexo: el gobernador Brad Little promulgó la House Bill 752, que convierte en delito que las personas transgénero utilicen, en edificios públicos y negocios abiertos al público, un baño que corresponda a su identidad de género en lugar de a su sexo de nacimiento. La ley entró en vigor el 1 de julio de 2026 y va más allá que normas similares de otros estados, porque las infracciones no se castigan con una multa, sino con penas de prisión. Antes de que terminara el verano, su aplicación ya había quedado suspendida por la intervención de un juez federal.

De infracción a delito grave

La HB 752 no solo se aplica a ayuntamientos y escuelas, sino también a bibliotecas, aeropuertos, restaurantes y hospitales; en resumen, prácticamente cualquier lugar al que acuda el público. La primera infracción es un delito con una pena de hasta un año de prisión, mientras que la segunda es un delito grave con hasta cinco años de cárcel. De este modo, Idaho no trata el uso del baño equivocado como una cuestión de orden público, sino como un delito penal con una gravedad similar a la de otros delitos graves. Para quienes defienden la separación por sexo en los baños y vestuarios, se trata de un paso de principio; los críticos, incluidas algunas personas que apoyan la idea subyacente de mantener espacios separados, señalan que una ley de tal alcance resulta inevitablemente difícil de aplicar sin controlar a las personas por su apariencia.

Seis demandantes y un apoyo revelador

El 30 de abril de 2026, seis residentes transgénero de Idaho, entre ellos el hombre trans Diego Fable y la mujer trans Amelia Milette, presentaron una demanda federal contra la ley con el respaldo de la ACLU, ACLU of Idaho, Lambda Legal y los bufetes Munger, Tolles & Olson y Alturas Law Group. Sostienen que la HB 752 viola el derecho al debido proceso, a la igualdad de trato y a la privacidad, y que la redacción ambigua de la ley obliga en la práctica a los agentes de policía a detener a personas basándose en su apariencia. «Si no puedes ir al baño en el trabajo, no puedes trabajar. Si no puedes ir al baño en la escuela, no puedes ir a la escuela», resume la demanda el núcleo de la objeción. Resulta significativo que también los propios sindicatos policiales de Idaho, la Fraternal Order of Police y la Chiefs of Police Association, se hubieran opuesto a la ley antes incluso de su aprobación: consideraban que no existía una «forma clara o razonable» de hacerla cumplir sin interrogar a las personas de manera invasiva sobre su sexo.

El juez suspende la ley e Idaho apela

El 16 de junio de 2026, un juez federal dio la razón a los demandantes y suspendió cautelarmente la aplicación de la HB 752, a la espera de una sentencia definitiva. Además, el juez concedió provisionalmente al caso la condición de demanda colectiva, lo que significa que la decisión no solo afecta a los seis demandantes, sino que en la práctica protege a todas las personas transgénero de Idaho mientras el proceso siga abierto. «Esta decisión significa que las personas trans de Idaho pueden seguir participando en la vida pública sin la amenaza de ser arrestadas por usar el baño», declaró Paul Carlos Southwick, director jurídico de ACLU of Idaho. El estado de Idaho no acepta la decisión y ha presentado un recurso; mientras este siga pendiente, la suspensión continuará vigente y nadie podrá ser procesado en virtud de la HB 752.

Una lección para el debate más amplio

El caso de Idaho demuestra que el debate sobre la separación por sexo en las instalaciones públicas se centra en Estados Unidos en la cuestión de cómo aplicar esa distinción sin entrar en conflicto con los derechos fundamentales. Mientras que países como Gran Bretaña intentan formular normas prácticas y proporcionadas mediante un código de conducta para los espacios de un solo sexo, Idaho optó por el instrumento penal más severo disponible y, según tanto los jueces como la propia policía, se adelantó a la realidad de su aplicación. Para los responsables políticos de otros lugares que estén considerando normas similares, el desenlace de Idaho indica que la viabilidad práctica y la proporcionalidad pesan tanto como el principio subyacente.