Resoluciones de la ONU sobre género
Las Naciones Unidas han aprobado, a través del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General, varias resoluciones relacionadas con la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (SOGI). Estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes y —a diferencia de lo que a veces se sugiere en documentos normativos neerlandeses— no existe un consenso mundial sobre el término «género» ni sobre el reconocimiento de la «identidad de género» como motivo protegido. El discurso de la ONU en torno al género es políticamente controvertido, y los patrones de votación en Ginebra y Nueva York así lo reflejan.
El sistema de la ONU en pocas palabras
Los órganos pertinentes son:
- El Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council, HRC): un órgano intergubernamental que adopta resoluciones y encarga informes.
- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR): la secretaría que realiza investigaciones y presenta informes.
- La Asamblea General: el órgano plenario que formula declaraciones generales.
- Comités de tratados: órganos de supervisión de tratados como el PIDCP y la CEDAW.
Resoluciones importantes del Consejo de Derechos Humanos
La Resolución 17/19 (2011) fue la primera resolución de la ONU que pidió explícitamente atención a las violaciones de los derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género. La resolución fue aprobada con 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones: desde luego, no por una mayoría abrumadora. Las resoluciones posteriores (27/32 en 2014 y 32/2 en 2016) establecieron un Experto Independiente sobre SOGI y prorrogaron su mandato. En cada ocasión fueron aprobadas por márgenes estrechos y con una oposición considerable de Estados miembros africanos, asiáticos e islámicos. El mandato del EI SOGI no es una disposición de un tratado; en principio, también puede ser revocado.
Puede encontrarse más información en el sitio web de la OHCHR.
La controversia en torno al «género» en los documentos de la ONU
La palabra «género» tiene una carga política en la terminología de la ONU. Durante las negociaciones sobre declaraciones de conferencias se debate intensamente cada año sobre su significado. Hay dos posiciones enfrentadas:
- Una interpretación según la cual «género» se refiere únicamente a la dimensión social de los hombres y las mujeres, siendo de hecho sinónimo de «sexo» en un contexto sociológico. Esta interpretación está recogida explícitamente incluso en el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática de la ONU celebrada en Roma: «the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society.»
- Una interpretación más amplia según la cual «género» también incluye la «identidad de género», con independencia del sexo biológico. Esta concepción es defendida por Estados occidentales, ONG y el Experto Independiente sobre SOGI, pero no es aceptada por una parte considerable de los miembros de la ONU.
La Federación de Rusia, varios países africanos y asiáticos y la Santa Sede abogan reiteradamente por reafirmar la definición restringida. En el contexto de la CEDAW también existe una tensión: el tratado protege a las «mujeres», término que varios Estados interpretan exclusivamente en sentido biológico, mientras que el Comité de la CEDAW adopta una interpretación más amplia en sus Recomendaciones generales.
Los derechos de las mujeres y el término «género»
Un punto crítico importante y poco abordado en los Países Bajos procede del feminismo. Cuando «género» comenzó a incluir gradualmente la «identidad de género» en el contexto de la ONU, los datos y derechos que anteriormente se centraban en las «mujeres» (en el sentido de sexo biológico) quedaron conceptualmente desdibujados. Varias pensadoras y organizaciones feministas (DBT, Women's Declaration International, así como muchas relatoras en el contexto de la CEDAW) señalan que una terminología precisa es necesaria para poder seguir abordando de manera coherente, por ejemplo, la mutilación genital femenina, la mortalidad materna, el trabajo de cuidados no remunerado y la violencia sexual.
El Experto Independiente sobre SOGI
El EI SOGI presenta anualmente informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. El cargo no está exento de controversia; con cada prórroga del mandato se presentan mociones para abolirlo, siempre con un número considerable de votos en contra. Algunos Estados consideran que el contenido de los informes del experto constituye propuestas políticas en lugar de una interpretación de los derechos humanos. Así, en 2020 el experto pidió a todos los Estados que prohibieran las terapias de conversión; véase prohibición de las terapias de conversión. En conversiewet.nl, en el artículo sobre la identidad de género en la ley de terapias de conversión, se explica por qué resulta controvertida la ampliación de una prohibición de este tipo a la identidad de género.
Comités de tratados
Los comités de tratados, como el Comité de Derechos Humanos (PIDCP) y la CEDAW, formulan recomendaciones a los Estados. Estas «observaciones finales» no son vinculantes, pero se presentan como interpretaciones autorizadas. Lo mismo ocurre con los Principios de Yogyakarta, que no tienen rango de tratado. El marco más amplio se encuentra en derechos internacionales. Varios Estados, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, se han opuesto explícitamente a interpretaciones que amplían el texto original de los tratados.
Los Países Bajos y la ONU
Los Países Bajos votaron a favor de las resoluciones sobre SOGI y contribuyen económicamente al mandato del EI SOGI. Al mismo tiempo, los Países Bajos reciben sus propias recomendaciones de los comités de tratados, por ejemplo sobre la situación de las mujeres en el trabajo y la violencia contra las mujeres, ámbitos en los que la mezcla de «sexo» y «género» en las estadísticas oficiales constituye ya un desafío metodológico.