El mayor hospital infantil de Texas debe abrir una clínica de detransición tras un acuerdo de diez millones de dólares

Texas Children's Hospital, el mayor hospital infantil de Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tras una investigación sobre el suministro secreto de bloqueadores de la pubertad y hormonas de afirmación de género a menores. El hospital pagará diez millones de dólares y deberá abrir en un plazo de tres meses la primera «clínica de detransición» del país: un itinerario asistencial gratuito para cualquier persona que se haya sometido en algún momento y en cualquier lugar del país a atención médica de transición de género y que ahora se arrepienta de ello o quiera revertirla. Lo que las cifras disponibles sobre detransición y arrepentimiento demuestran y lo que no, se explica en transtijd.nl.

Los denunciantes sacaron a la luz estas prácticas

El caso salió a la luz gracias a dos denunciantes: la enfermera Vanessa Sivadge y el médico Ethan Haim. Declararon que el hospital negaba públicamente seguir ofreciendo tratamientos de transición de género a menores, mientras que, según ellos, estos continuaban realizándose a puerta cerrada. Posteriormente, la investigación del fiscal general no se centró únicamente en los tratamientos médicos en sí, sino también en la manera en que el hospital los facturaba a Medicaid, el sistema sanitario estadounidense destinado a los niños de familias con bajos ingresos. Según la acusación, estos tratamientos prohibidos se facturaban indebidamente.

Qué implica el acuerdo de diez millones de dólares

Además de la multa de diez millones de dólares, el acuerdo incluye una serie de medidas de gran alcance. Cinco médicos implicados en los tratamientos han perdido permanentemente sus privilegios para ejercer en el hospital. El hospital debe reconocer públicamente que hizo declaraciones incorrectas sobre sus propias prácticas, y sus estatutos han sido modificados: los médicos que lleven a cabo intervenciones prohibidas perderán automáticamente sus privilegios. Asimismo, todo el personal deberá recibir formación adicional sobre los riesgos de los tratamientos de transición de género en menores. La atención médica de transición de género para niños queda prohibida de forma permanente en todas las instalaciones del hospital.

La primera clínica de detransición del país

El aspecto más llamativo del acuerdo es la obligación de abrir una clínica de detransición en un plazo de tres meses. Esta deberá ofrecer atención especializada y gratuita a cualquier persona que se haya sometido en algún momento —en Texas Children's Hospital o en otro lugar del país— a atención médica de transición de género: endocrinología, cuidados posoperatorios, atención primaria, asesoramiento sobre fertilidad, psiquiatría y psicoterapia. Durante los primeros cinco años, esta atención será gratuita, y el hospital deberá promocionar activamente la clínica a través de su propio sitio web. Así, Estados Unidos contará por primera vez con un recurso gratuito y accesible en todo el país, específicamente destinado a las personas que quieran revertir su transición de género.

Un precedente para otros hospitales

El fiscal general Paxton calificó el resultado como «una gran derrota para la ideología de género radical que ha explotado a los niños en Texas». El caso se enmarca en una serie de procesos similares en Estados Unidos: a principios de este año, un jurado del estado de Nueva York concedió a una persona detransicionada una indemnización de dos millones de dólares, en lo que se considera el primer veredicto de un jurado en un caso de responsabilidad médica de este tipo, y la Cleveland Clinic también comprometió, tras llegar a un acuerdo con las autoridades, dos millones de dólares para atención de detransición. Hay un vídeo sobre una persona detransicionada que recibió una indemnización de dos millones de dólares en transspijt.nl. El acuerdo con Texas Children's Hospital es, hasta la fecha, el de mayor alcance: no solo por la cuantía económica, sino sobre todo por la obligación de establecer atención estructural para las personas detransicionadas, en lugar de limitarse a una resolución económica.