Tribunal Supremo de EE. UU. confirma: los estados pueden excluir a las mujeres trans del deporte femenino

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el 30 de junio de 2026, último día del periodo de sesiones judicial, por una mayoría de 6 votos frente a 3, que los estados de Idaho y Virginia Occidental no violan la Constitución al excluir a niñas y mujeres transgénero de las competiciones deportivas reservadas para niñas y mujeres. La sentencia, redactada por el juez Brett Kavanaugh, confirma que pueden mantenerse las leyes que basan la participación en el deporte escolar en el sexo asignado al nacer, y deja intacta legislación similar en otros 29 estados estadounidenses.

Dos casos, una cuestión de principio

El Tribunal unió dos casos que planteaban la misma cuestión central. En Little v. Hecox, Lindsay Hecox, una mujer trans que estudia en la Boise State University, llevaba desde 2020 litigando porque la Idaho Fairness in Women's Sports Act le impedía formar parte del equipo de atletismo. En ese caso también intervino la organización jurídica cristiana Alliance Defending Freedom. En West Virginia v. B.P.J., Becky Pepper-Jackson, que entonces aún era menor de edad, hizo lo mismo contra una ley similar de Virginia Occidental, después de ganar en mayo de 2026 un título estatal en lanzamiento de peso femenino gracias a una medida cautelar vigente durante el procedimiento judicial. Ambos casos giraban en torno a la misma pregunta: ¿puede un estado vincular legalmente la participación en el deporte femenino a el sexo asignado al nacer, incluso cuando esto entra en conflicto con la identidad de género elegida por una alumna o estudiante?

Qué decidió exactamente el Tribunal

La mayoría concluyó que este tipo de leyes no viola ni la Equal Protection Clause de la Constitución ni el Título IX, la ley federal que prohíbe la desigualdad por razón de sexo en la educación financiada por el Gobierno. Kavanaugh escribió en nombre de la mayoría que ni la Constitución ni el Título IX exigen una reorganización completa del deporte femenino y de niñas en Estados Unidos. De este modo, el Tribunal rechazó el argumento de las demandantes de que la exclusión basada en el sexo asignado al nacer constituye una discriminación ilícita por razón de sexo o identidad. Los tres jueces discrepantes, todos ellos nombrados por presidentes demócratas, sostuvieron que la sentencia expone a los estudiantes transgénero a la estigmatización y les niega estructuralmente el acceso a una parte habitual de la vida escolar.

Qué no regula la sentencia

El Tribunal limitó expresamente la sentencia a la participación en equipos deportivos organizados por sexo. Otras cuestiones controvertidas relacionadas con los estudiantes transgénero — qué baño o vestuario pueden utilizar y si pueden modificarse el nombre y el registro del sexo en documentos oficiales — siguen sin respuesta y deberán llegar a los tribunales a través de litigios independientes. Expertos jurídicos señalan que la sentencia sí sienta un precedente: el Tribunal acepta el sexo, y no la identidad de género autopercibida, como base constitucionalmente admisible para establecer diferencias en un contexto social específico. Un año antes, en el caso Skrmetti, el Tribunal ya había dictaminado que los estados pueden prohibir los tratamientos de transición médica para menores.

Importancia para el debate más amplio

Para el sector crítico con la ideología de género, la sentencia supone una importante confirmación de una postura que lleva años defendiendo: en el deporte, el sexo biológico determina diferencias físicas relevantes que no desaparecen por una identidad de género elegida, por lo que los Gobiernos pueden mantener categorías basadas en el sexo asignado al nacer sin vulnerar derechos fundamentales. El COI también adoptó esa línea: a partir de los Juegos de 2028, la categoría femenina estará reservada a atletas sin cromosoma Y. Los defensores de una política deportiva inclusiva temen, en cambio, que la sentencia sirva de trampolín para imponer nuevas restricciones en otros ámbitos. Un análisis en profundidad de la sentencia examina con más detalle las consecuencias para los más de 25 estados con legislación similar. Con 29 estados que ya cuentan con leyes parecidas y la puerta abierta a nuevas leyes en otros lugares, es probable que las consecuencias prácticas de esta sentencia sigan siendo perceptibles durante los próximos años, también fuera de los campos deportivos donde comenzó el caso.