Género y política
En poco tiempo, el género se ha convertido en un tema político en el que se entremezclan dos tipos de cuestiones. Por un lado, la cuestión clásica de la posición de las mujeres en los cargos públicos. Por otro, un debate mucho más reciente —y de mayor alcance— sobre la autoidentificación, el cambio legal de sexo y el acceso a servicios basados en el sexo. Estos dos temas suelen tratarse como si fueran uno solo, aunque en realidad son independientes.
Las mujeres en la política
En los parlamentos neerlandeses y europeos, después de décadas de emancipación, las mujeres están mucho mejor representadas que antes, aunque todavía no existe una paridad plena. Las opiniones sobre la conveniencia de las cuotas difieren: se trata de un debate político legítimo con argumentos en ambos lados.
La autoidentificación como principio jurídico
El gran cambio político de la última década ha sido la introducción gradual de la autoidentificación legal: la idea de que una persona puede cambiar el sexo registrado sin una evaluación médica o psicológica y basándose únicamente en su propia declaración. En los Países Bajos, en 2014 se eliminaron el requisito de esterilización y la obligación de acudir a los tribunales; siguió siendo necesaria una declaración de un experto. En 2025 se retiró el proyecto de ley que pretendía eliminar también dicha declaración (véase el proyecto de ley de autoidentificación retirado). En genderlobby.nl se explica cómo fracasó ese proyecto y qué organizaciones ejercieron presión a su favor.
Los críticos —entre ellos grupos feministas, juristas y psiquiatras infantiles— señalan que la autoidentificación tiene consecuencias de gran alcance que siguen estando poco presentes en el debate. El sexo no es un simple detalle administrativo, sino una categoría que repercute en las estadísticas, la atención médica, el deporte, el sistema penitenciario, los centros de acogida para mujeres maltratadas y las víctimas de abusos sexuales. Abandonar un criterio objetivo afecta a todos estos ámbitos.
El cambio de rumbo británico
En el Reino Unido, el máximo tribunal dictaminó en 2025 que, en la Equality Act, los términos «mujer» y «sexo» hacen referencia al sexo biológico. Esta sentencia —y, antes de ella, las conclusiones de la Cass Review sobre la atención a menores— marca un claro punto de inflexión. En lo que respecta a los servicios específicos para mujeres, el deporte, las prisiones y el registro de datos, esto supone volver al criterio biológico. En los Países Bajos y en el resto de Europa se están produciendo debates similares.
Conservador frente a progresista: un marco engañoso
En los medios, el debate suele presentarse como una confrontación entre conservadores y progresistas. Esto no es exacto. Muchas de las críticas más contundentes a la autoidentificación proceden de autoras feministas clásicas (Stock, Joyce, Bindel, Phillips), activistas lesbianas y académicos de izquierdas. Las objeciones a la transición de menores también provienen de profesionales clínicos que no suelen considerarse conservadores políticamente; por ejemplo, los psiquiatras de Suecia, Finlandia y Noruega que han endurecido sus políticas nacionales. Reducir estas voces a «la derecha» o a «anti-trans» es objetivamente incorrecto y cierra el debate de manera indebida.
El concepto de «transfobia» como instrumento político
En el debate político, «transfobia» se utiliza con frecuencia como un término general para referirse a cualquier crítica sustantiva a la autoidentificación, la transición de menores o la atención afirmativa. De este modo, la discusión pasa del contenido a los motivos de quienes plantean ese contenido. Esto limita el debate público sin resolver el problema subyacente. Los intentos legislativos de penalizar las críticas sustantivas legítimas —por ejemplo, mediante la ampliación de la legislación contra la discriminación— merecen una evaluación crítica basada en la libertad de expresión.
Los derechos de las mujeres y las categorías basadas en el sexo
Un importante punto de conflicto político es la protección de los servicios basados en el sexo: los centros de acogida para mujeres maltratadas, las secciones para mujeres en las prisiones, las políticas hospitalarias y el deporte. Cuando el acceso se basa por completo en la autoidentificación, surgen conflictos prácticos —no hipotéticos, sino documentados en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros países—. El debate político debería centrarse en estas consideraciones concretas, no en la lucha identitaria.
La tensión internacional
Las posiciones varían mucho a escala internacional. Algunos países impulsan la autoidentificación de género como un derecho humano en el contexto de la UE y la ONU; otros —entre ellos un número creciente de países europeos— están volviendo a adoptar una postura más cautelosa, especialmente en relación con la atención a menores. Los Países Bajos tendrán que tomar una decisión propia al respecto, que idealmente debería basarse en la evidencia y en un análisis de riesgos sólido, no en la presión activista. La defensa de la autoidentificación como derecho humano suele basarse en los Principios de Yogyakarta. En Alemania, que introdujo la autoidentificación, la ley ya vuelve a estar en cuestión; véase la noticia sobre la ley alemana de autoidentificación.